ANÁLISIS DEL GOBIERNO PETRO: ¿A QUÉ LLEGÓ EDUARDO MONTEALEGRE?

Por Luis Daniel Londoño Silva, teólogo católico, Mgtr. en Violencia Doméstica, Comunicador, Escritor y Bloguero. 

No soy experto en política, aunque sí he estudiado desde la filosofía sus raíces y fundamentos y, además, como teólogo y comunicador considero que el campo de la política se presenta como un escenario rico para el análisis. En este artículo busco ser objetivo al exponer y alertar sobre algunas situaciones, quizás percibidas por todos, aunque mantenidas en silencio, y que dejan en entre dicho, las sanas intenciones del presidente Gustavo Petro al llegar al poder como el primer mandatario de izquierda en Colombia.

Gustavo Petro llegó al poder con un discurso de cambio, justicia social y transformación estructural. Sin embargo, a dos años y unos meses más de su mandato, muchos sectores —incluidos analistas políticos, académicos, fuerzas sociales y ciudadanos comunes— perciben que su gobierno ha transitado de una narrativa emancipadora a una praxis con claros síntomas autoritarios.

 Los siguientes aspectos son motivo de especial análisis:

CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR POR DECRETO: UNA EXTRALIMITACIÓN PELIGROSA 

La reciente decisión del presidente Petro de convocar una consulta popular por decreto, sin el paso obligatorio por el Congreso, constituye un acto que desafía abiertamente el principio de separación de poderes. La consulta popular es una herramienta democrática, sí, pero debe cumplir con un procedimiento institucional claramente definido por la Constitución de 1991 (Art. 103 y 378), que exige la aprobación del Senado y la Corte Constitucional para validar su legalidad. Saltarse este proceso erosiona el Estado de Derecho y abre la puerta a una democracia plebiscitaria controlada desde el Ejecutivo. 

SUSPENSIÓN DE LA REGLA FISCAL: ¿LIBERTAD ECONÓMICA O DESCONTROL INSTITUCIONAL? 

La regla fiscal es una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener la confianza de los mercados internacionales. La decisión de suspenderla sin consenso técnico o legislativo es altamente riesgosa. En lugar de fortalecer la inversión social de manera estructural, se corre el riesgo de convertir el gasto público en un instrumento de manipulación populista o clientelista. Más grave aún, este tipo de medidas sin control institucional puede crear precedentes peligrosos de centralización autoritaria. 

RECORTE AL PRESUPUESTO DE LAS FUERZAS ARMADAS: ¿PACIFICACIÓN O DESMONTE INSTITUCIONAL? 

Reducir el presupuesto militar en un país donde aún operan más de 20 grupos armados ilegales no solo es imprudente, sino que podría interpretarse como una forma de debilitar la capacidad coercitiva del Estado. Esto no sería problemático si se acompañara de una estrategia integral de seguridad y desmovilización. Pero en la práctica, los grupos al margen de la ley —ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales y las mafias convocadas por el Pacto de la Picota— han ganado terreno, operando con relativa impunidad en muchas regiones. El Estado se retira, la violencia permanece, y la autoridad legítima se diluye. 

NARRATIVA DE EXCLUSIÓN POLÍTICA: “EL QUE NO ESTÁ CONMIGO, NO ES DEL PUEBLO”

Una de las señales más inquietantes es la construcción de un relato dicotómico: Petro ha afirmado públicamente que él representa al pueblo y que quienes no están con su proyecto, no son parte del pueblo. Este tipo de discurso populista y maniqueo divide al país entre “buenos” y “malos”, entre “el pueblo” y “la oligarquía”, negando la pluralidad democrática. Como enseñó Hannah Arendt, “el totalitarismo comienza cuando el poder político se arroga la representación exclusiva de la voluntad popular”. En los discursos de Petro, este ha sido un elemento recurrente y el motivo para crear un discurso, como lo afirmó el concejal Juan Carlos Flórez, se trata de “verborrea criminal”.

RELACIÓN INSTRUMENTAL CON LA LEGALIDAD

El gobierno de Petro ha dado señales de entender la legalidad como un medio flexible y no como un marco vinculante. Desde ignorar decisiones judiciales hasta manipular normas para favorecer sus fines políticos, este patrón revela una visión utilitarista de la Constitución, más que un respeto profundo por ella. En sus discursos, el presidente repite que “no les devolverá el poder a las derechas”, lo que puede leerse como una forma de negar el principio básico de alternancia democrática, o sea, vamos hacia un totalitarismo peligroso.

PASIVIDAD ANTE EL CONTROL TERRITORIAL DE GRUPOS ILEGALES

En regiones como el Cauca, Chocó, Catatumbo y Arauca, los grupos armados han ampliado su control. Aunque el gobierno habla de “paz total”, en la práctica se ha traducido en ceses bilaterales que no están acompañados de resultados verificables, ni de desmovilización efectiva. La ciudadanía percibe que el Estado cedió terreno, mientras el Ejecutivo mantiene un silencio cómplice o una actitud permisiva ante estas violencias.

EL RIESGO DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMO HERRAMIENTA PARA CONSOLIDAR EL PODER

Uno de los más recientes y peligrosos movimientos del gobierno de Gustavo Petro ha sido el inicio del proceso —sin consenso nacional ni debate público— de una posible Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el nuevo ministro de justicia, Eduardo Montealegre, antiguo Fiscal General de la Nación, hoy convertido en uno de los más fervientes defensores del “proyecto popular” petrista.

Lejos de surgir de un clamor ciudadano amplio, o de una revisión institucional madura, esta propuesta aparece como una respuesta desesperada ante los límites constitucionales que impiden al Ejecutivo avanzar en reformas de carácter estructural, como la expropiación disfrazada, el control fiscal autoritario o el desmonte institucional del sistema judicial.

He aquí el corazón del peligro: una Asamblea Constituyente sin equilibrio de poderes ni garantías democráticas podría convertirse en el atajo perfecto para cambiar las reglas del juego y prolongar el mandato presidencial más allá de lo permitido. 

Petro ha insinuado en varias ocasiones que el actual sistema “no representa al pueblo”, que “las élites le temen al cambio”, y que el poder no puede volver a la “derecha tradicional”. Con ese discurso, un eventual proyecto constituyente podría estar diseñado no para actualizar la Carta Magna en beneficio del bien común, sino para consolidar una hegemonía ideológica y perpetuar su modelo de gobierno. 

Esto implica para la sociedad colombiana romper con el pacto institucional de 1991, que fue fruto de consensos amplios, pluralismo político y participación de distintos sectores sociales. 

Eliminar o reducir los contrapesos de poder, como el Congreso, las Cortes y la Fiscalía, bajo el pretexto de una “democratización popular” que, en realidad, concentra el poder en el Ejecutivo. 

Cambiar el sistema electoral, permitiendo la reelección directa o indefinida, como ya ha ocurrido en otros países de América Latina donde el populismo derivó en autoritarismo (Nicaragua, Venezuela, Bolivia). 

Redibujar el mapa económico, eliminando la regla fiscal, modificando el régimen de propiedad privada, o controlando aún más los medios de producción y comunicación. 

DE LA "CONMOCIÓN INTERIOR" A LA "REFUNDACIÓN DEL ESTADO" 

Si antes temíamos que el presidente aplicara la figura de la conmoción interior para aplazar las elecciones, ahora el panorama es aún más grave: podría argumentar que el “pueblo” exige una nueva Constitución para reemplazar un orden "corrupto, neoliberal y enemigo del cambio". 

Y bajo esa narrativa, se justificaría una Asamblea que borre los límites del poder, desdibuje los frenos institucionales y allane el camino para que Gustavo Petro se eternice como líder supremo del nuevo orden nacional. 

La historia nos ha enseñado que cuando se juega con las Constituciones, se juega con la libertad de los pueblos. Y que cuando el poder quiere fundar un “nuevo país” desde el desprecio a la legalidad, lo que nace no es justicia: es tiranía. 

Y el punto más crítico. A nombre de la “Paz total”, el gobierno ha permitido que todos los grupos al margen de la ley generen pánico y terror a lo largo y ancho del país, esto con el fin de tener argumentos para declarar la “conmoción interior” y con la posibilidad de que no se convoque a elecciones. Y como si fuera poco, está preparando el terreno para desmarcarse de Estados Unidos y así buscar una especie de “aislamiento” tipo Cuba o Venezuela.   

Son muchos los frentes que ha creado Petro para quedarse en el poder, sin analizar su relación con Venezuela, con China y con la convocatoria a los famosos cabildos abiertos que son controlados por antiguos guerrilleros del M-19, muchachos reclutados por el ELN, antiguos militantes de las FARC y algunos otros criminales que han sido nombrados “gestores de paz”. La misión de los cabildos apoyados por las famosas “Primeras líneas”, porque son varias, es la crear caos y violencia para bloquear cualquier intento de expresión democrática. 

¿A QUÉ LLEGÓ EL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA?

La llegada de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia no es una simple movida técnica o un cambio de gabinete rutinario. Es un nombramiento estratégico, casi quirúrgico, para ejecutar una operación política de gran calado: el rediseño del Estado colombiano desde una lógica populista con tintes autoritarios. 

Montealegre no es un jurista neutro. Es un personaje con un historial ambivalente, inteligente y audaz, que ha transitado por las altas esferas del poder judicial con un sello muy particular: el de reinterpretar la ley con fines políticos. Como Fiscal General (2012–2016), protagonizó múltiples controversias, entre ellas: 

El uso extensivo de la figura de “principio de oportunidad” para favorecer a ciertos actores. Su defensa de una justicia “transicional” incluso en contextos no armados, diluyendo el principio de legalidad. La instrumentalización del derecho penal con fines políticos, como lo denunciaron distintos sectores en su momento. 

Además, Montealegre fue cercano al gobierno de Juan Manuel Santos, respaldando férreamente el proceso de paz con las FARC, pero también fue duramente criticado por haber centralizado poder y debilitar los pesos y contrapesos en su paso por la Fiscalía. Pero hay más: Montealegre no oculta su inclinación ideológica hacia un modelo jurídico de corte transformador, en el que el Derecho deja de ser límite del poder y se convierte en su herramienta de legitimación. Hecho sumamente peligroso. O sea, se acabaron los límites del Estado social de derecho. 

Ha hablado de “la necesidad de repensar el Estado”, “la refundación del contrato social” y “la activación del poder constituyente”. Sus discursos recientes reflejan una visión donde la legalidad puede subordinarse a lo que él llama el “mandato popular”.

 ¿POR QUÉ EN ESTE MOMENTO?

Porque el gobierno de Petro se encuentra acorralado en el frente institucional: el Congreso no le aprueba sus reformas, las Cortes le ponen límites, la opinión pública se le ha venido erosionando, y la economía muestra señales preocupantes. En este contexto, Montealegre es útil no por lo que representa como ministro, sino por lo que puede diseñar como arquitecto jurídico del nuevo poder.

Ahora es el momento porque el desgaste del gobierno exige un nuevo relato, y ese relato es la necesidad de “cambiarlo todo”: la Constitución, el Congreso, las cortes, el modelo económico. 

Ahora es el momento porque Montealegre goza de experiencia, astucia y contactos judiciales, sabe cómo mover piezas en la Corte Constitucional, cómo redactar decretos interpretables y cómo defender lo indefendible con un ropaje académico. 

Ahora es el momento porque el gobierno necesita un escudo legal ante lo que podría ser una ruptura constitucional velada, y Montealegre puede ofrecer ese blindaje disfrazado de legalidad transformadora. 

En resumen: Montealegre no ha llegado al Ministerio de Justicia para administrar una cartera, sino para ser el ideólogo y legitimador de una posible transformación del régimen político en Colombia. Su presencia anuncia una ofensiva jurídica de fondo, un laboratorio de legalidad para justificar lo que sería, en el fondo, una ruptura del orden constitucional bajo la bandera de un supuesto “nuevo pacto social”.

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