En el contexto político colombiano de 2025, la proliferación de asonadas contra la Fuerza Pública ha encendido alarmas sobre el debilitamiento institucional y el posible uso de mecanismos excepcionales para alterar el orden democrático. Con al menos 56 eventos registrados, estas acciones violentas, muchas veces impulsadas por estructuras ilegales camufladas entre la población civil, no solo obstaculizan la labor militar, sino que también configuran un escenario propicio para justificar la declaración de un estado de conmoción interior. Para algunos es la manera fácil, aunque maquiavélica, de la forma como Gustavo Petro busca aferrarse al poder.
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| Imagen tomada de https://www.msn.com/es-co/noticias |
En este artículo se analiza el significado jurídico y político de las asonadas, el alcance constitucional del decreto de conmoción interior, y cómo estos elementos podrían articularse con la estrategia de “paz total”, el pacto de La Picota y el cogobierno con actores criminales, en una posible ruta hacia la concentración del poder y la suspensión de garantías electorales en 2026.
¿Qué son las asonadas?
Las
asonadas son actos de violencia colectiva en los que grupos de civiles, muchas
veces instrumentalizados por organizaciones ilegales, atacan o retienen a
miembros de la Fuerza Pública. En Colombia, esta práctica ha escalado en
frecuencia y gravedad durante el año 2025, con al menos 56 asonadas
registradas, de las cuales 39 han sido directamente contra militares.
Estas
acciones incluyen:
Retención
forzada de soldados y policías por parte de comunidades rurales.
Impedimento
del avance de tropas en zonas estratégicas para el narcotráfico.
Agresiones
físicas, como el caso en Putumayo donde dos militares fueron quemados con
gasolina.
Uso
de la población civil como escudo humano por parte de disidencias armadas.
El
patrón revela una táctica sistemática: grupos armados ilegales manipulan
comunidades vulnerables para frenar operaciones militares, debilitando la
presencia estatal y consolidando control territorial.
¿Qué es un decreto de conmoción interior?
El
estado de conmoción interior es una medida excepcional contemplada en el
artículo 213 de la Constitución Política de Colombia. Puede ser declarado por
el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, cuando
exista una grave perturbación del orden público que amenace la estabilidad
institucional y no pueda ser controlada por medios ordinarios. Esta podría ser
la gran trampa que el presidente Gustavo Petro le está poniendo e la democracia.
Implicaciones de un posible decreto en 2026:
El
Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley sin aprobación previa del
Congreso.
Puede
suspender leyes incompatibles con el estado de excepción.
Tiene
una duración inicial de 90 días, prorrogable dos veces más (hasta 270 días).
Aunque
no puede suspender derechos fundamentales, sí permite una concentración de
poder ejecutivo que puede alterar el equilibrio institucional.
En
escenarios extremos, este mecanismo ha sido utilizado para restringir
garantías electorales, justificar aplazamientos y modificar el calendario
democrático. Aquí está la gran trampa.
¿Cómo se conecta esto con la “paz total”, el pacto de La
Picota y el cogobierno?
La
política de “paz total” del gobierno Petro ha buscado negociar simultáneamente
con múltiples grupos armados, incluyendo guerrillas, bandas criminales y
disidencias. Aunque su objetivo declarado es la pacificación del país, críticos
señalan que:
Se
ha otorgado estatus de “gestores de paz” a líderes criminales, incluso con
antecedentes de secuestro y narcotráfico.
Se
ha promovido el llamado “pacto de La Picota”, en el que se habría negociado
apoyo político con condenados por corrupción.
Se
ha debilitado la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas mediante ceses al
fuego unilaterales.
Este
enfoque ha generado lo que algunos analistas llaman un cogobierno informal con
estructuras delincuenciales, donde el Estado cede control territorial a cambio
de supuestos compromisos de paz.
Riesgos institucionales hacia 2026
A
pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, el aumento de asonadas,
la debilitación de la Fuerza Pública y la cooptación territorial por parte de
grupos ilegales configuran un escenario de inestabilidad nacional.
Algunos
sectores advierten que esta situación podría ser utilizada como justificación
para declarar un estado de conmoción interior, restringir garantías electorales
y prolongar el poder ejecutivo bajo el argumento de preservar el orden público.
Conclusión
Las
asonadas contra la Fuerza Pública no son hechos aislados ni espontáneos:
constituyen una estrategia sistemática que erosiona la autoridad del Estado,
favorece la expansión territorial de estructuras ilegales y crea las
condiciones para justificar medidas excepcionales como el decreto de conmoción
interior.
En
este contexto, la política de “paz total”, lejos de consolidar la
institucionalidad, ha facilitado el ingreso de actores criminales al escenario
político bajo la figura de cogobierno. Si esta dinámica continúa sin control,
Colombia podría enfrentar una grave alteración del orden democrático en 2026,
con el riesgo de que se suspendan garantías electorales y se consolide un poder
ejecutivo sin contrapesos.
La
defensa de la democracia exige vigilancia ciudadana, transparencia
institucional y un compromiso firme con el Estado de Derecho.
Luis
Daniel Londoño Silva. Mgrt. en Violencia Doméstica y de Género, Teólogo,
Comunicador y Escritor. dalonsi@gmail.com
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