¿ES IMPORTANTE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN COLOMBIA?

Libertad religiosa: Pilar para una sociedad democrática

Por Luis Daniel Londoño Silva| Licenciado en Teología |Humanizar Creando|dalonsi@gmail.com

La libertad religiosa, consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, es un pilar fundamental de nuestra democracia y de la convivencia pacífica. Esta libertad no solo garantiza la capacidad de profesar creencias individuales sin coerción, sino que también protege el derecho a no profesar ninguna fe, reconociendo la diversidad como riqueza social. 

La Ley 133 de 1994, que regula la libertad religiosa y de culto, refuerza este marco constitucional, estableciendo principios de igualdad, no discriminación y respeto a la pluralidad.

Es relevante afirma que, en una sociedad madura, la libertad religiosa no es un mero derecho formal, sino un instrumento estratégico para fortalecer el tejido social. Permite que comunidades diversas dialoguen desde el respeto, que las minorías no sean marginadas y que los conflictos derivados de la intolerancia se transformen en oportunidades de construcción de paz. 

Garantizar esta libertad exige mucho más que su proclamación en normas: requiere compromiso activo de las instituciones, de los líderes religiosos y de la ciudadanía en general. 

Particularmente, considero que en Colombia, a pesar de que se ha avanzado bastante, gracias a partidos como MIRA, el mismo trabajo de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Colombia Justa Libres, las Comunidades Judías, las Comunidades Islámicas, y otros movimientos interesados en este proyecto, aún falta bastante pedagogía para acabar esas "pequeñas guerras" desde las bases de algunas Iglesias que, a nombre de una peligrosa "ideologiación de la verdad", buscan imponer a los demás su propio credo, hecho que ha dividido familias enteras e incluso, con un desborde violencia psicológica que "secuestra la obra de Dios" y de discursos de odio.

Para salir al paso de esta situación se necesita estar convencido de tres reglas sagradas que la misma legislación contempla: acabar con los discursos de odio, respetar la doctrina y el culto de cada una de las comunidades de fe y buscar un diálogo que enriquece y que se convierte un un pilar de transformación de la sociedad. 

Ojalá se dimensione el bien que todas las comunidades de fe pueden hacer al país en este momento histórico y se asuma la tarea con total responsabilidad. 

Es tan tarea es tan importante que, desde un enfoque constitucional y normativo reciente, la Ley 2294 de 2023 incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la creación del Sistema Nacional de Libertad de Religión, Culto y Conciencia (SINALIBREC), que organiza políticas públicas para proteger y promover la libertad religiosa en todo el territorio nacional (Ley 2294 de 2023, Art. 312).

Esta normativa reafirma la importancia de esta libertad no solo como un derecho legal, sino como un pilar para una sociedad democrática, plural y justa que reconoce y valora la diversidad socioreligiosa y cultural.

A continuación, se presentan cinco aspectos esenciales para fomentar una auténtica libertad religiosa en Colombia, entendida como motor de cohesión social y construcción de paz.

1. Educación y cultura de la tolerancia

La educación formal y no formal juega un papel esencial para promover la cultura del respeto a la libertad religiosa.

La libertad religiosa no se sostiene únicamente con normas jurídicas; requiere ciudadanos formados en el respeto a la diversidad. La educación intercultural y la enseñanza de la libertad de conciencia en colegios y universidades son herramientas indispensables.

Como sostiene el teólogo y filósofo Jürgen Moltmann, “la verdadera paz surge cuando aprendemos a reconocer al otro en su diferencia” (Moltmann, Teología de la Esperanza, 1964).

Promover programas educativos que enseñen historia de las religiones, diálogo interconfesional y resolución pacífica de conflictos contribuye a que la sociedad interiorice la libertad religiosa como valor, no como obligación legal. 

Esto fortalece la cohesión social, reduce prejuicios y previene la radicalización de posturas excluyentes o de sectarismos tóxicos.

2. Garantía de derechos efectivos y protección institucional

Más allá de la letra de la ley, es fundamental asegurar que la libertad religiosa se ejerza efectivamente. Esto implica mecanismos de protección frente a discriminación, violencia o exclusión por motivos de fe. 

Las instituciones del Estado deben actuar con diligencia para garantizar que cualquier violación de este derecho se sancione y se remedie, promoviendo la justicia social.

El sistema legal colombiano, a través de la Constitución y leyes como la Ley 2294 de 2023, ofrece estos fundamentos, pero debe garantizar también el reconocimiento efectivo de grupos religiosos variados sin discriminación.

La acción de tutela en Colombia ha sido una herramienta clave para evitar vulneraciones concretas de la libertad religiosa, permitiendo que individuos y minorías religiosas puedan acudir a la justicia para proteger sus derechos cuando sean amenazados (Corte Constitucional, Sentencia T-754 de 2017).

La ampliación del reconocimiento formal de iglesias y grupos religiosos, como indica el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2023, favorece la inclusión y el acceso a derechos como el matrimonio y los servicios espirituales (Decreto 922 de 2023).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la libertad religiosa es “derecho fundamental que tutela la igualdad y la dignidad humana” (Sentencia C-221/96). Esta perspectiva no solo protege a las personas, sino que refuerza la confianza en el Estado y consolida un ambiente de paz, donde la diversidad no es amenaza sino riqueza.

El Ministerio del Interior impulsa diálogo interreligioso mediante comités y mesas de participación que juntan diversas expresiones religiosas, favoreciendo la tolerancia y la cooperación social (Ministerio del Interior, Comunicado SINALIBREC, 2024).

Las políticas públicas deben fomentar no solo la coexistencia sino un respeto activo, apoyado en la educación en valores democráticos y derechos humanos, para evitar la discriminación y el fanatismo. 

Espacios de formación y diálogo interreligioso aportan a una cultura de paz que reconoce la libertad religiosa como un derecho integral que contribuye a la justicia social.

3. Diálogo interreligioso e inclusión social

El diálogo interreligioso es un instrumento vital para la construcción de paz. No se trata de homogeneizar creencias, sino de generar espacios donde la diferencia sea respetada y las soluciones a problemas colectivos se encuentren desde la cooperación.

La auténtica libertad religiosa se mide por la garantía que se otorga a las minorías religiosas y a quienes no profesan ninguna fe. En Colombia, esto implica visibilizar y proteger prácticas religiosas menos representadas, asegurando que puedan ejercer su culto sin obstáculos.

Organizaciones religiosas y la sociedad civil pueden liderar mesas de diálogo sobre temas comunitarios, desde el acceso a servicios básicos hasta la reconciliación postconflicto.

Como advierte el sociólogo José Casanova, “el pluralismo religioso puede ser un motor de democratización y paz social si se maneja desde la cooperación, no desde la competencia” (Casanova, Public Religions in the Modern World, 1994).

El Sistema Nacional de Libertad de Religión, Culto y Conciencia (SINALIBREC), establecido por la Ley 2294 de 2023, fortalece la incorporación institucional de la libertad religiosa en el diseño de políticas públicas nacionales y territoriales, garantizando la participación plural y la articulación con otras agendas sociales (Ley 2294 de 2023, Art. 312).

Las comunidades religiosas, que suman más de 10,900 formalmente reconocidas en Colombia según el informe oficial del Ministerio del Interior (2023), deben ser actores activos en áreas como la educación, la reconciliación, la atención social y la construcción de paz.

Su inclusión contribuye no solo a la libertad religiosa sino al desarrollo social integral.

4. Reconocimiento de la diversidad y protección de minorías

La auténtica libertad religiosa se mide, en gran medida, por la capacidad de una sociedad de garantizar que las minorías religiosas y quienes no profesan ninguna fe puedan ejercer sus creencias de manera plena y sin restricciones. En Colombia, esto implica no solo el respeto formal a la diversidad, sino también la creación de condiciones que permitan la práctica segura y visible de cultos minoritarios, así como la protección frente a cualquier forma de discriminación o exclusión.

El sociólogo Peter Berger ha señalado que “el pluralismo religioso no es solo un hecho sociológico, sino un desafío ético y político: exige instituciones capaces de reconocer la igualdad de derechos de todas las creencias” (Berger, The Sacred Canopy, 1967). 

Desde esta perspectiva, proteger a las minorías no es un gesto simbólico, sino un imperativo para la cohesión social: cuando un grupo es marginado, se fractura la confianza social y se debilita la convivencia pacífica.

Además, expertos en derechos humanos como Abdullahi An-Na’im han enfatizado que la protección de minorías religiosas es fundamental para prevenir conflictos intercomunitarios: “Una sociedad que respeta y protege la pluralidad religiosa desarrolla resiliencia frente a tensiones sociales y evita que la diversidad se convierta en fuente de violencia” (An-Na’im, Islam and the Secular State, 2008). 

En otras palabras, la libertad religiosa bien protegida funciona como un mecanismo de prevención de conflictos, consolidando la paz y la estabilidad.

Desde un enfoque espiritual y social, reconocer la diversidad también fortalece la empatía y la solidaridad. La teóloga y filósofa Diana Eck, experta en pluralismo religioso, sostiene que “la verdadera comprensión de la diversidad requiere escuchar activamente al otro y crear espacios donde cada voz sea valorada” (Eck, A New Religious America, 2001). 

Este principio no solo aplica a la práctica religiosa, sino a la vida comunitaria en general: cada gesto de inclusión y respeto multiplica el capital social y fortalece el tejido de la convivencia.

5. Participación ciudadana y liderazgo ético

Una sociedad en la que sus miembros participan responsablemente en la vida comunitaria y política construye instituciones más transparentes y resilientes, capaces de gestionar la diversidad religiosa como un recurso de cohesión social y paz.

El sociólogo Robert Putnam, en su obra Bowling Alone (2000), destaca que la participación ciudadana y el capital social están estrechamente vinculados: “Los individuos que participan en la vida comunitaria desarrollan confianza mutua y redes de cooperación, esenciales para sociedades cohesionadas y democráticas”. 

Aplicado al ámbito religioso, esto implica que la ciudadanía que se involucra en mesas de diálogo interreligioso, iniciativas comunitarias o proyectos sociales conjuntos contribuye directamente a la consolidación de la paz y al fortalecimiento de la convivencia plural.

El liderazgo ético, por su parte, es determinante para traducir la libertad religiosa en acción social efectiva. Según Max Weber, el liderazgo auténtico se basa en la autoridad moral y en la capacidad de inspirar a la comunidad hacia valores compartidos, más allá de intereses individuales (Economía y Sociedad, 1922). 

Líderes religiosos y comunitarios que ejercen su influencia desde la ética fomentan la inclusión, la reconciliación y la prevención de conflictos derivados de la intolerancia o el fanatismo. Su ejemplo se convierte en un catalizador para que los ciudadanos respeten la diversidad y participen activamente en la vida pública.

Además, la participación ciudadana garantiza que las políticas públicas y las decisiones sociales respondan a las necesidades reales de las comunidades religiosas. 

Como advierte la experta en derechos humanos Ruti Teitel, “la democracia efectiva requiere ciudadanos que no solo reclamen sus derechos, sino que también se comprometan a proteger los derechos de otros, especialmente los de las minorías” (Transitional Justice, 2000). 

En este sentido, involucrarse en espacios de decisión, organizaciones comunitarias y debates públicos fortalece la libertad religiosa como un derecho colectivo y una herramienta de cohesión social.

Cada acción que promueve la inclusión, la cooperación y la responsabilidad cívica refuerza el tejido social, reduce la polarización y transforma la diversidad religiosa en un activo estratégico para la paz. 

En una Colombia plural y dinámica, esta combinación no solo protege derechos, sino que también forma ciudadanos conscientes, capaces de transformar la convivencia en un proyecto colectivo basado en respeto, justicia y solidaridad.

Conclusión

En un contexto donde la desconfianza, la intolerancia y los discursos de odio amenazan la convivencia, la libertad religiosa ofrece un espacio de encuentro y reconocimiento del otro, enseñando que la diversidad no es un obstáculo, sino un recurso para la cooperación y la creatividad social. 

Cada ciudadano comprometido, cada líder ético y cada política inclusiva refuerza la trama de la paz, transformando diferencias en oportunidades para la reconciliación y la participación constructiva. Colombia tiene la oportunidad histórica de mostrar que un país plural puede sostenerse sobre valores compartidos de respeto, diálogo y solidaridad. 

La auténtica libertad religiosa no solo protege creencias individuales: cultiva ciudadanos conscientes, genera cohesión comunitaria y establece un camino concreto para superar la polarización, convirtiendo la diversidad en el fundamento de una sociedad más justa, integrada y resiliente.

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